Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, México tuvo que crear una Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) en 1996 y adherir a la Unión de Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) en 1997. Objetivo : abrir la propiedad legal de las semillas y otros materiales reproductivos principalmente a las empresas semilleras. Esta adhesión se hizo con el Acta UPOV 78 (y no la versión más restrictiva del Acta de 1991 [1]). La regulación federal mexicana pudo así conservar el reconocimiento de los derechos milenarios de los pueblos originarios y comunidades indígenas y campesinas a sembrar, reproducir, intercambiar y vender libremente sus semillas. Y esto es lo que defendemos. En efecto, México es uno de los doce países megadiversos del planeta, pluricultural con 62 etnias, y centro de origen y diversificación continua del maíz y del frijol, entre otras plantas [2]. Esta diversidad biocultural es un bien común preservado por más de 300 generaciones, que las prácticas y los conocimientos ancestrales permiten recrear y adaptar constantemente.
Una iniciativa de ley para fortalecer la propriedad privada de las variedades vegetales
Con el Tratado Transpacífico entre 11 países (2018) y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) que sustituye al TLCAN y entró en vigor el 1º de julio de 2020, México debe adherir al Acta UPOV 91 en un plazo de cuatro años. Todos esos tratados, negociados a espaldas de los pueblos, privilegian los intereses comerciales y financieros de las grandes corporaciones. En marzo de 2020, un diputado mexicano vinculado a esas empresas presentó una iniciativa de reforma de la LFVV que sanciona las semillas libres, para adecuarla a UPOV 91.
Ese proyecto prevé eliminar los derechos a sembrar, reproducir, intercambiar y vender libremente las semillas, así como fuertes sanciones en caso de infrigir la ley : penas de dos a seis años de cárcel, altas multas y destrucción de cosechas y productos derivados. Esas sanciones se aplicarían incluso en contra de campesinos que sólo estén haciendo lo que han hecho por milenios y desconozcan que, por ejemplo, sus semillas y variedades fueron registradas por otros o que sus cultivos estén contaminados con transgenes patentados por transnacionales biotecnológicas.
Ante esto intensificamos la lucha para detener lo que sería un atropello al corazón de la vida y la autonomía de los pueblos de México, con impactos a escala global al privatizar los grandes reservorios de germoplasma in situ [3]. La defensa de este patrimonio biocultural aumentó particularmente con la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País [4], con la que desde 2007 hemos emprendido muchas acciones en defensa del maíz, la milpa [5] y la soberanía alimentaria : información y movilización social (contra Monsanto, Día Nacional del Maíz desde 2009), incidencia en políticas públicas y acciones jurídico-políticas contra los transgénicos, como la Demanda Colectiva [6] que desde 2013 mantiene una medida cautelar judicial de suspensión de la siembra del maíz transgénico en todo el país [7].
Para contrarrestar esa iniciativa de ley, en plena pandemia del Covid-19 y confinamiento, tuvimos que hacer el análisis comparativo de esas leyes, junto con abogados, científicos independientes y algunos legisladores y funcionarios públicos, organizar una serie de seminarios en internet (webinarios), enviar cartas a diputados y al Presidente de la República, publicar un pronunciamiento, artículos y boletines de prensa, múltiples entrevistas a medios de comunicación (en la web, impresos y radio), y lanzar una campaña que recogió más de 9000 firmas en unos pocos días. Todo con el fin de sensibilizar a tomadores de decisión, organizaciones, comunidades y la sociedad en general, acerca de los impactos que tendría esta aprobación al vapor, sin debate público, en una sesión extraordinaria en la que los diputados pretendían reformar seis leyes para adecuarlas a las nuevas exigencias del TMEC. Así logramos detener, por el momento, la reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales.
Una lucha para defender el bien común
Evidentemente, las empresas, con el apoyo de legisladores y funcionarios públicos a su servicio, seguirán presionando para imponerla ; quizás en septiembre, argumentando una disminución de las sanciones más escandalosas previstas contra quien use semillas y variedades “protegidas” por títulos de obtentores.
Nuestra lucha es por los derechos de los pueblos originarios y campesinos a seguir usando libremente sus semillas, con sus modos de producir y vivir en sus territorios, y de toda la población a acceder a una alimentación sana y diversa basada en la biodiversidad y la cultura. Se trata de una lucha integral en defensa del bien común, para todas las generaciones presentes y futuras y para nuestra Madre Tierra.